Berni quiere legalizar la marihuana y traer a
la DEA a Argentina
EL PRIMER NARCO ES EL ESTADO
La reforma de Mujica no es para dar libertad individual sino para montar
un gran negociado capitalista y judicializar a la juventud. Vamos por la
despenalización, por la extinción progresiva del consumo, por el
desmantelamiento de las redes del narcotráfico y del aparato represivo del
Estado
TOMÁS PISERA
La legalización de la marihuana
en Uruguay ha tenido un carácter y un objetivo muy claro: financiar el Estado
capitalista en bancarrota a través de los impuestos a la producción y la
comercialización de marihuana. El semanario inglés The
Economist (21/09/2013) se ilusiona: “en el mejor escenario la ganancia
fiscal por los impuestos sobre las ventas de cannabis podrían alcanzar los 900
millones de pounds [1500 millones de dólares]”. Este es el sentido que
ha tenido la legalización en Uruguay. El apoyo por parte de Soros se explica
porque es accionista de Monsanto y estaría interesado en desarrollar una
marihuana transgénica en el país. Por su parte, el presidente de la Junta
Nacional de Drogas, Diego Cánepa, declaró que “existe mucho interés en el desarrollo de una industria
farmacéutica vinculada al cannabis” (EFE, 26/03). Se trata de un gran negociado
capitalista motorizado por el propio Estado.
La legalización de Mujica no garantiza la “libertad individual”,
persigue a los adictos, reprime a la juventud y destruye el sistema de salud
Como parte de la misma política, la
ley de Mujica ordena la “internación forzada”. O sea que mientras les da a los
capitalistas la libertad de lucrar, se arroga para el Estado la decisión de
internar compulsivamente, sin ningún tipo de control por parte de las
organizaciones de derechos humanos y de consumidores. Se trata de un proceso
nefasto a través del cual pueden detener gente de manera discrecional,
judicializar a las personas para mantenerlas dentro de los centros de
internación y bloquear el ingreso de los adictos que quieran recuperarse
voluntariamente. ¿Dónde quedó la “libertad individual” de la política de drogas
de Mujica, de la que habla el PTS para apoyarla?
Berni quiere legalizar el narcotráfico y trae a la DEA a la
Argentina
Berni ha apoyado la ley de Mujica,
y repitiendo al narco Pablo Escobar, dice que “no hay posibilidades matemáticas
de que la persecución policial le gane al narcotráfico” (La Nación, 18/2). El Secretario de Seguridad plantea despenalizar
la producción y comercialización, o sea crear un marco para que los narcos
puedan actuar legalmente. Es el funcionario de un gobierno acusado por encubrir
a narcotraficantes como empleados en la Casa Rosada. Esto se combina con
la penetración de la DEA (agencia “antidrogas” yanqui, en verdad organizadora del
tráfico) y del FBI que ya se encuentran entrenando policías provinciales en
todo el país. La designación del propio Berni fue saludada por el Departamento
de Estado yanqui.
Una política socialista contra las adicciones
Cuando los capitalistas promueven
la legalización de las drogas, buscan llevar la descomposición social a un
nivel mayor para cobrar una tajada de este gran negociado. Los socialistas nos
oponemos este negociado. Hay que entender que la “libertad individual” está
condicionada por la lucha entre los partidos, las clases y los Estados: el
planteo liberal del PTS se basa en que caracterizan que el consumo no es
perjudicial y por eso son pro-consumo. Es necesario tener una política socialista
contra las adicciones y la criminalización de los usuarios. Rechazamos y
denunciamos fuertemente la represión estatal de los consumidores. Desde la
sanción de la actual ley de drogas, en 1989, 400.000 jóvenes han sido víctimas
de este sistema perverso. Proponemos despenalizar el consumo de la marihuana;
prohibir la producción privada, la publicidad y la comercialización del alcohol
y el tabaco; nacionalizar toda la industria de las adicciones por considerarlas
un mecanismo aberrante de la clase dominante para generar entre los explotados
el yugo de la dependencia física y luego embrutecerlos, enfermarlos y lucrar
con ello (garantizando a los adictos el acceso recreativo en el marco de una
política de reducción daños y extinción de su necesidad cultural); permitir la
producción artesanal en instituciones estatales comunitarias para fines
recreativos personales; utilizar las ganancias de la industria de las
adicciones nacionalizada para impulsar una campaña publicitaria de desincentivo
al consumo; combatir toda forma de auto-destrucción, neutralización y yugo que
sufren las familias obreras y la juventud.
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